La familia de Lyan Hortúa confirmó que pagó un rescate para lograr la liberación del niño secuestrado en Jamundí. Denuncian falta total de apoyo del Gobierno Nacional durante los 18 días de cautiverio.
“Tuvimos que pagar”: familia de Lyan confirma millonario rescate
La historia que conmovió a Colombia durante más de dos semanas tuvo un ultimo giro, Lyan José Hortúa Bonilla, el niño de 11 años secuestrado el pasado 3 de mayo en Jamundí (Valle del Cauca), fue liberado tras el pago de un rescate por parte de su familia.
Así lo confirmó Sebastián Bonilla, tío del menor, en entrevista con medios nacionales. Aunque la cifra exacta se mantiene en reserva por seguridad, versiones de prensa indican que el monto podría superar los 4.000 millones de pesos.
“Sí, tuvimos que pagar un rescate. Nos dejaron endeudados, pero lo importante era la vida del niño”, aseguró Bonilla.
Negociación en silencio, sin autoridades ni intermediarios
La familia decidió llevar a cabo las negociaciones sin involucrar a las autoridades, por temor a represalias y en busca de una solución rápida. Según Bonilla, fue un familiar quien asumió directamente el contacto con los secuestradores, coordinando la entrega del dinero de forma clandestina.
“Actuamos bajo una presión emocional inmensa. No sabíamos si al otro día Lyan iba a estar vivo”, relató el tío del menor.
De acuerdo con información de La FM, la desconfianza hacia las instituciones y el miedo a entorpecer el proceso influyeron en la decisión de actuar en silencio.
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Dura crítica al presidente Petro por su indiferencia
Además del alto costo económico, la familia expresó su indignación por la ausencia de acompañamiento estatal. En particular, Sebastián Bonilla cuestionó la falta de acciones del presidente Gustavo Petro, quien solo se pronunció cuando el niño ya había sido liberado.
“Petro en ningún momento se comunicó con mi hermana. Solo publicó un trino 18 días después, cuando ya para qué”, denunció.
También señaló demoras en la respuesta inicial de las autoridades. Según su testimonio, más de una hora y media pasó sin que llegara la fuerza pública al lugar del secuestro.
“Tuvieron que rescatarnos primero mi hermano y después nosotros mismos”, agregó.
El Estado no supo del rescate de Lyan: silencio oficial tras la liberación
La transacción fue desconocida por las entidades oficiales. La Defensoría del Pueblo y la alcaldía de Jamundí aseguraron que no fueron informadas sobre el pago de un rescate.
Iris Marín, defensora del Pueblo, indicó que su participación se limitó a labores humanitarias y que la familia nunca mencionó una transacción económica.
“Hasta la noche de ayer no se había mencionado que hubo una transacción monetaria para la liberación del menor”, aseguró también la alcaldesa Paola Castillo.
Inicialmente, la versión entregada a las autoridades sugería que la liberación de Lyan había sido un gesto humanitario de las disidencias de las FARC.
El país celebró, pero no conocía la verdad
El pasado 21 de mayo, Colombia celebró el regreso con vida de Lyan. Fue entregado a la Defensoría del Pueblo y trasladado a la Fundación Valle del Lili, donde su estado de salud fue declarado estable, aunque sigue bajo observación por su asma.
Miles de personas marcharon durante los días de cautiverio en Jamundí, Cali y otras ciudades, exigiendo su retorno con vida. El grito de “¡Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos!” unió al país, sin saber que detrás de esa victoria hubo un costo silencioso y devastador para una familia desesperada.
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Un cumpleaños con libertad, pero marcado por la deuda y el dolor
Lyan Hortúa cumplirá 12 años el próximo 29 de mayo. Lo hará en casa, rodeado de su familia, pero también en medio del dolor, la deuda y la incertidumbre.
“Nos endeudamos para salvarlo. Lo importante era su vida, pero ahora enfrentamos otra batalla”, dijo Bonilla.
El caso de Lyan deja una pregunta incómoda en el aire: ¿cuántas otras familias están hoy negociando rescates en silencio, sin apoyo estatal, sin justicia y con temor?
La historia ya no solo es un símbolo de resistencia, sino también una denuncia viva de la ausencia institucional que obliga a muchas familias a tomar decisiones imposibles para salvar a sus seres queridos.
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