El 1 de junio de 2025, México elegirá, vivirá una elección inédita: por primera vez, 881 cargos del Poder Judicial, incluidos ministros de la Suprema Corte, serán definidos por voto ciudadano. Aunque se presenta como un hito democrático, expertos advierten sobre riesgos de politización, inseguridad y falta de filtros para los aspirantes.
Reforma judicial: la ciudadanía elegirá a quienes imparten justicia
La reforma al sistema de justicia, impulsada en 2024 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, transformó el mecanismo de elección de jueces, magistrados y ministros. Los nombramientos, antes responsabilidad del Senado y del Consejo de la Judicatura, ahora estarán en manos de los votantes.
Los cargos en juego este 1 de junio:
- 9 ministros/as de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
- 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral (TEPJF)
- 15 magistraturas regionales del TEPJF
- 5 magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial
- 464 magistraturas de circuito
- 386 jueces/as de distrito
En total, 881 cargos serán elegidos por voto popular, con más de 5,000 aspirantes inscritos.
Un proceso sin precedentes, marcado por dudas y desinformación
El Instituto Nacional Electoral (INE) será el encargado de organizar la jornada, para la cual se instalarán más de 84,000 casillas en todo el país. A pesar del esfuerzo logístico, se estima una participación baja, entre el 8% y el 20% del electorado.
Para vigilar el proceso, más de 316,000 personas se registraron como observadores, de las cuales 88,000 ya fueron acreditadas oficialmente, en lo que representa un récord histórico de participación ciudadana.
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Candidatos cuestionados y promesas fuera de lugar
La elección ha generado preocupación por la presencia de aspirantes con antecedentes polémicos, e incluso con vínculos con el crimen organizado o grupos religiosos:
- Fernando Escamilla Villarreal: exabogado de líderes de Los Zetas, condenado en 2016.
- Andrés Montoya García: hermano de exagente vinculado a la desaparición del periodista Alfredo Jiménez.
- Job Daniel Ibarra Wong: ministro de culto de La Luz del Mundo, cuyo líder está condenado por abuso sexual infantil.
- Cinthia Teniente Mendoza: esposa de un senador ligado a ese mismo grupo religioso.
- María del Socorro Pérez Córdova: destituida como jueza tras liberar a presuntos violadores.
- Ángel Mario García Guerra: pretendía aparecer en la boleta como “El Ángel de la Justicia”.
Además, varios candidatos han hecho promesas que no se relacionan con sus funciones, como reformas a leyes o beneficios administrativos, evidenciando desconocimiento del rol judicial.
Violencia e inseguridad: un entorno adverso para la elección
El contexto de violencia que atraviesa el país también impacta este proceso. En estados como Veracruz, se desplegaron 3,500 miembros de la Guardia Nacional y 300 agentes de la Fiscalía General para proteger el desarrollo electoral.
El INE advirtió que el 19% de las secciones electorales están en zonas de alta inseguridad, lo que podría dificultar el acceso a las urnas y aumentar el riesgo para los votantes y funcionarios.
Democracia en juego: ¿justicia participativa o simulación electoral?
Para algunos sectores, la elección representa un paso hacia una justicia más transparente y participativa. Para otros, es un experimento riesgoso que podría comprometer la independencia del Poder Judicial y abrir espacio a intereses clientelistas.
El 1 de junio, México no solo elegirá jueces: pondrá a prueba la solidez de su democracia y la viabilidad de un modelo judicial electivo, en medio de incertidumbre, desinformación y polarización.
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