La Fundación San José de Buga completó 22 días sin respuesta de la Nueva EPS ni del Gobierno Nacional frente a la suspensión temporal de servicios, afectando a más de 80.000 usuarios que hoy no cuentan con atención médica de mediana y alta complejidad en la ciudad y su zona de influencia.
Una deuda que pone en riesgo la estabilidad institucional
De acuerdo con la Fundación San José de Buga, la deuda de la Nueva EPS asciende a $48.911 millones, de los cuales $26.981 millones se generaron durante el periodo de intervención iniciado el 3 de abril de 2024.
Esta cifra representa un incremento del 105% en las obligaciones pendientes, lo que ha deteriorado de manera crítica la situación financiera del hospital.
La entidad explicó que, pese a los múltiples llamados al diálogo y tres solicitudes formales enviadas durante las últimas semanas, no ha recibido respuesta efectiva ni soluciones concretas por parte de la EPS o del Gobierno Nacional.
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Suspensión temporal para proteger la operación
La suspensión en la prestación de servicios, que rige desde el 17 de septiembre de 2025, fue una decisión adoptada para proteger la estabilidad institucional, el bienestar del talento humano y los compromisos con proveedores. La medida continuará vigente mientras no haya una solución que garantice la sostenibilidad financiera de la Fundación.
Aun en medio de las dificultades, la institución mantiene la atención a los casos de urgencia vital con los recursos disponibles, reafirmando su compromiso ético con la comunidad bugueña.
Más de 81.000 usuarios sin servicios de salud
Actualmente, 81.950 afiliados a la Nueva EPS en el área de influencia de la Fundación San José —44.399 en Buga y 37.551 en municipios cercanos— permanecen sin atención en servicios de mediana y alta complejidad.
La institución advirtió que esta situación vulnera el derecho fundamental a la salud y requiere una respuesta urgente.
Llamado al Gobierno y a la EPS
La Fundación reiteró su solicitud a la Nueva EPS y a las autoridades nacionales para que adopten medidas inmediatas que permitan restablecer la atención médica y garantizar la continuidad del servicio.
Según el comunicado, la falta de voluntad para llegar a acuerdos pone en riesgo la vida de miles de usuarios y la estabilidad del sistema de salud en la región.
