El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá ordenó a la Unidad Nacional de Protección y a la Policía Nacional restablecer el esquema de seguridad del precandidato presidencial Abelardo De La Espriella, tras reconocer la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, integridad y seguridad.
La justicia le da la razón al precandidato
En la sentencia emitida el 9 de octubre de 2025, el despacho judicial determinó que el Gobierno Nacional, a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP), incurrió en omisiones que pusieron en riesgo la seguridad del precandidato y su familia.
El fallo ordena la implementación inmediata de las medidas de protección y reconoce a De La Espriella como una persona de especial protección constitucional, debido a su rol en la contienda presidencial y el nivel de riesgo que enfrenta.
Reacción de Abelardo De La Espriella
El precandidato calificó la decisión como una “victoria de la justicia sobre la persecución” y aseguró que durante meses el Gobierno de Gustavo Petro se negó a garantizar su seguridad, pese a las alertas públicas.
Afirmó que el fallo demuestra que las instituciones “todavía pueden actuar con independencia” y que el Estado no puede usar la seguridad como herramienta política.
Su equipo jurídico, sin embargo, anunció que impugnará parcialmente la decisión, al considerar que no se pronunció sobre la solicitud de protección para su esposa e hijos, quienes también habrían sido objeto de amenazas.
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Contexto político y denuncias previas
Desde su lanzamiento como precandidato presidencial, Abelardo De La Espriella ha denunciado una presunta campaña de intimidación y desprestigio impulsada por sectores del Gobierno.
Según su equipo, la UNP retiró parte de su esquema de seguridad en 2023, pese a las amenazas recibidas por parte de grupos criminales.
El fallo judicial, según De La Espriella, confirma su posición de que el Estado no puede castigar con indiferencia a quienes ejercen oposición política.
Un fallo con implicaciones políticas
La decisión judicial se da en medio del ambiente electoral que antecede a las elecciones presidenciales de 2026 y marca un precedente sobre el papel de las instituciones en la protección de los derechos de los candidatos.
De La Espriella reiteró que continuará su carrera política y su defensa por la libertad de pensamiento en el país, asegurando que “ni el miedo ni la persecución podrán callar su voz ni la de los colombianos que lo acompañan”.
