Las constantes quejas por altos niveles de ruido en distintos sectores de Guadalajara de Buga volvieron a poner el tema en discusión, mientras desde distintos sectores se insiste en la necesidad de aplicar con mayor rigor la normatividad vigente para garantizar la tranquilidad de la comunidad.
La problemática ha sido reportada principalmente en viviendas, establecimientos comerciales y zonas de rumba, donde algunos ciudadanos aseguran verse afectados por el uso de equipos de sonido a altos volúmenes, especialmente durante las noches y fines de semana.
Desde el ámbito jurídico recuerdan obligación de aplicar la norma
El abogado Harold Hernán Moreno, en su videocolumna, planteó que recientemente la Corte Constitucional de Colombia reiteró la responsabilidad de las autoridades locales en la aplicación de las normas relacionadas con el control del ruido.
De acuerdo con lo expuesto, la legislación vigente establece límites para los niveles de sonido, particularmente en espacios como viviendas, iglesias y colegios, donde se busca proteger el derecho de las personas a la tranquilidad y al descanso.
Control del ruido requiere trabajo conjunto de varias entidades
Frente a las inquietudes de la comunidad, desde la administración municipal explican que el control del ruido requiere la intervención de diferentes entidades. El secretario de Gobierno de Buga, James Gómez Serrato, indicó que estos procedimientos involucran a la Policía Nacional, las inspecciones de policía y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC) como autoridad ambiental en el departamento.
Según lo explicado, la medición oficial de los niveles de ruido debe realizarse mediante equipos especializados conocidos como sonómetros, operados por la autoridad ambiental, lo que permite establecer técnicamente si se están superando los límites permitidos.
Procedimientos se tramitan a través del Código Nacional de Policía
Los casos pueden tramitarse mediante dos mecanismos establecidos en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016). El primero es el proceso verbal inmediato, que puede ser aplicado por la Policía Nacional cuando se presenta la situación. El segundo corresponde al proceso verbal abreviado, que se adelanta ante las inspecciones de policía cuando la problemática persiste.
Desde la Secretaría de Gobierno señalan que en muchos casos las primeras actuaciones consisten en mediaciones policiales y llamados de atención, buscando resolver el conflicto entre vecinos antes de avanzar hacia sanciones.
Tiendas y reuniones en viviendas generan varias de las quejas
Entre las situaciones reportadas con mayor frecuencia se encuentran algunas tiendas de barrio que terminan funcionando como espacios de consumo de alcohol, así como reuniones en viviendas donde se utilizan equipos de sonido a altos volúmenes.
Cuando las mediaciones no logran resolver el problema, los casos pueden trasladarse a inspección de policía, donde se evalúa la imposición de multas u otras medidas sancionatorias contempladas en la ley.
Mientras tanto, ciudadanos continúan solicitando mayores controles y acciones efectivas, especialmente en sectores residenciales donde el ruido se ha convertido en una problemática recurrente que afecta la convivencia.
