Nueva gerente regional de la Nueva EPS abre camino para soluciones en Buga

En Buga, más de 44.000 usuarios de la Nueva EPS siguen afectados por la suspensión del servicio en la Fundación San José desde hace casi seis semanas.

Sin embargo, la reciente llegada de una nueva gerente regional abre un panorama de diálogo y concertación.

Nueva interlocución para avanzar en soluciones

El secretario de Salud de Buga, Mauricio Soto Berrío, destacó que por primera vez hay una comunicación directa con la EPS en el suroccidente del país, tras el nombramiento de María Elena Ríos Cabal como gerente regional.

Explicó que la falta de una cabeza visible dificultó durante semanas la gestión de soluciones, al no existir una autoridad con capacidad de decisión para atender la situación que afecta la prestación de servicios médicos en el municipio.

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Compromisos con red de atención y suministro de medicamentos

En la reunión celebrada esta semana, se planteó la necesidad de ampliar la red contratada de servicios en la ciudad e intervenir las fallas en la entrega de medicamentos a través de Disfarma.

Según el funcionario, la gerente recibió positivamente estas propuestas y se comprometió a iniciar gestiones inmediatas para mejorar la atención.

Avances en la negociación con la Fundación San José

Soto Berrío confirmó que desde el nivel nacional ya se han adelantado acercamientos con la Fundación San José, logrando avances en la conciliación de cuentas pendientes.

Indicó que la EPS deberá ponerse al día con los pagos atrasados para que el hospital pueda reactivar plenamente sus servicios, y se espera que bajo estos compromisos, los recursos comiencen a fluir en los próximos días.

Expectativa por el restablecimiento del servicio

Aunque aún no hay una fecha concreta para el retorno total de la atención, el secretario considera alentador que exista ahora un canal directo de interlocución que permita avanzar en acuerdos.

Recordó que la posición de la Fundación San José es mantener el cese del servicio hasta que la Nueva EPS cumpla con los pagos pactados, una postura que el municipio entiende dada la afectación financiera del prestador.