En un trágico suceso que ha conmocionado a la comunidad, las autoridades del Valle del Cauca están investigando el asesinato de Rafael Arcángel Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda La Florida, ubicada en la zona rural del municipio de Buga.

Según informes preliminares, Ramírez fue atacado a tiros mientras realizaba labores de campo junto a su nieto de ocho años en el área conocida como El Retiro, dentro del corregimiento de Frisóles. Este hecho violento ha generado una profunda consternación en la región y ha puesto nuevamente en el foco la vulnerabilidad de los líderes sociales en Colombia.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó la identidad de la víctima y destacó que Ramírez había sido candidato al Concejo del municipio de Buga por el partido Polo Democrático Alternativo en 2008. Su asesinato se suma a una preocupante lista de líderes sociales que han perdido la vida en el ejercicio de su labor en defensa de los derechos humanos y comunitarios.

Alerta por la seguridad de los líderes sociales

La Defensoría del Pueblo, que ha venido alertando sobre el peligro que enfrentan los líderes sociales en el centro del Valle del Cauca, reiteró sus advertencias tras este asesinato. «La imposición de normas y otras formas de control social, por parte de grupos armados ilegales, significan un permanente riesgo de violación a los derechos de la población», señaló la entidad en un comunicado.

Buga y sus alrededores han sido identificados como una zona de alta influencia de grupos armados ilegales, entre ellos el frente ‘Adán Izquierdo’ de las disidencias de las Farc y el bloque 57 ‘Yair Bermúdez’, además de otras bandas locales. Estos grupos han sido responsables de numerosos ataques y atentados tanto contra la fuerza pública como contra la sociedad civil.

El asesinato de Rafael Arcángel Ramírez es un recordatorio doloroso del continuo peligro que enfrentan los líderes sociales en Colombia, y subraya la urgencia de implementar medidas efectivas para garantizar su protección.

Organizaciones de derechos humanos y líderes sociales en todo el país han condenado el asesinato y han pedido a las autoridades que se esclarezcan los hechos lo más pronto posible. Mientras tanto, la comunidad de La Florida permanece en duelo, mientras el nieto de la víctima, testigo del crimen, recibe apoyo psicológico.

Las investigaciones continúan en marcha, con la esperanza de llevar a los responsables ante la justicia y evitar que este trágico suceso quede impune.