La iniciativa busca crear sanciones penales para quienes utilicen capuchas, máscaras u otros elementos para impedir su identificación mientras cometen actos vandálicos durante manifestaciones públicas. El proyecto comenzará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Un proyecto denominado “Ley Anticapuchos” fue radicado en la Cámara de Representantes con el propósito de establecer nuevas sanciones para quienes oculten deliberadamente su identidad y cometan actos vandálicos durante protestas, movilizaciones o concentraciones públicas en Colombia.
La iniciativa fue presentada por los representantes Jaime Arizabaleta, del Centro Democrático, y Julio César Triana, de Cambio Radical, y cuenta, según la Cámara, con respaldo de congresistas de diferentes regiones y bancadas.
El proyecto plantea penas de 54 a 96 meses de prisión —entre cuatro años y medio y ocho años— y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las conductas contempladas en el articulado.
¿Qué propone la llamada “Ley Anticapuchos”?
La iniciativa no plantea penalizar simplemente el uso de una capucha o máscara durante una manifestación. De acuerdo con la información oficial de la Cámara, la conducta que se busca sancionar está relacionada con ocultar deliberadamente la identidad mediante prendas, máscaras, pasamontañas u otros elementos para cometer actos vandálicos en una manifestación, reunión, movilización o concentración pública.
Este punto resulta clave para entender el alcance de la propuesta: el proyecto vincula el ocultamiento de la identidad con la comisión de las conductas que pretende penalizar.
Las penas podrían aumentar en determinadas circunstancias
El proyecto contempla agravantes cuando durante los hechos se utilicen explosivos, sustancias corrosivas, elementos peligrosos de fabricación artesanal u otros medios capaces de provocar daños graves a personas o bienes públicos y privados.
También establece circunstancias de mayor gravedad cuando las conductas afecten lugares como establecimientos educativos, instituciones de salud, instalaciones de organismos de socorro, bienes de interés cultural o infraestructura de servicios públicos esenciales.
El proyecto también aborda los bloqueos de vías
Otro de los componentes de la iniciativa está relacionado con la obstrucción de vías e infraestructura de transporte.
Según el articulado divulgado por la Cámara, se contemplan penas de 54 a 96 meses de prisión, multas de 50 a 200 salarios mínimos e inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas cuando, mediante medios ilícitos, se incite, dirija, obligue o proporcionen medios para obstaculizar vías o infraestructura de transporte y con ello se atente contra bienes jurídicos como la vida, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.
Sus autores aseguran que buscan proteger la protesta pacífica
Los congresistas promotores sostienen que la propuesta pretende diferenciar a quienes ejercen pacíficamente el derecho a la protesta de quienes aprovechan las movilizaciones para cometer actos vandálicos ocultando su identidad.
La iniciativa, sin embargo, apenas comienza su trámite legislativo. Por lo tanto, las penas y disposiciones planteadas todavía no son ley y pueden sufrir modificaciones durante los debates en el Congreso.
¿Qué sigue para la “Ley Anticapuchos”?
El siguiente paso será el inicio de la discusión en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, según informó oficialmente esa corporación. Para convertirse en ley, la iniciativa deberá superar las distintas etapas del trámite legislativo correspondientes.
Por ahora, se trata de un proyecto radicado, por lo que las sanciones propuestas todavía no están vigentes.
