La contratación pública en Cartagena vuelve a estar en el centro de la polémica. Distriseguridad adjudicó un contrato por 4.376 millones de pesos a Data Tactical Management S.A.S. (DTM), empresa representada por María de los Ángeles Rangel, esposa del empresario Andrés Vanegas Fernández. El negocio contempla la compra de equipos de radiolocalización tipo morral para la Policía Metropolitana de Cartagena, con un plazo de ejecución de dos meses y un pago único contraentrega.
A simple vista, el contrato parecería una adquisición más para fortalecer la capacidad de investigación criminal en la ciudad. Sin embargo, la controversia radica en los antecedentes de DTM y de su verdadero beneficiario. Andrés Vanegas Fernández ha sido señalado en múltiples investigaciones de haber utilizado su cercanía con altos mandos policiales para direccionar contratos, manipular nombramientos en la POLFA y exigir sobornos a oficiales a cambio de favores burocráticos.
De hecho, investigaciones periodísticas revelaron que entre 2023 y 2024, DTM acumuló 27 contratos por más de 47 mil millones de pesos, en procesos que levantaron sospechas por aparentes pliegos hechos a la medida. Uno de los ejemplos más cuestionados fue la licitación exprés en Cúcuta, por 13.915 millones de pesos, donde el tiempo entre la publicación y la entrega de ofertas fue de apenas 34 horas, un plazo imposible para competidores que no tuvieran información privilegiada.
El contrato en Cartagena se conoce en un contexto sensible: DTM fue mencionada en el escándalo que obligó a la renuncia del general William Salamanca como director de la Policía, tras la revelación de fotografías de Vanegas junto a su hijo en Miami y denuncias de posibles favorecimientos en millonarias adquisiciones institucionales.
Para muchos analistas, el nuevo contrato pone en evidencia la falta de filtros de las administraciones locales al momento de elegir proveedores. “No se puede hablar de transparencia si se entregan recursos públicos a compañías que ya han estado bajo la lupa por supuestas prácticas irregulares. Esto erosiona la confianza ciudadana en las instituciones”, señaló un experto en contratación consultado por este medio.
Mientras tanto, el silencio de Andrés Vanegas Fernández y la defensa escueta de su abogado alimentan aún más las dudas. Hasta ahora, Vanegas no ha dado explicaciones públicas sobre cómo su empresa logró adjudicarse decenas de contratos millonarios en tan poco tiempo ni sobre sus supuestos vínculos con redes de contrabando como la de “Papá Pitufo”.
En Cartagena, la noticia ha generado un clima de desconfianza. La ciudadanía se pregunta si el fortalecimiento de la seguridad local puede hacerse a costa de abrirle nuevamente la puerta a empresarios que ya figuran en la lista de los más cuestionados del país. La decisión, más que una simple compra, se convierte en un nuevo capítulo de un debate nacional sobre la ética y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
