El caso más escandaloso es el de un contrato por 11.400 millones de pesos para la compra de unos escáneres de rayos X que, en un principio, estaban destinados a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN). Sin embargo, en una jugada maestra de la burocracia corrupta, el contrato fue trasladado a la Policía Metropolitana de Bogotá, donde, al parecer, las condiciones estaban dadas para que la empresa de Vanegas, Data Tactical Management (DTM SAS), se quedara con el jugoso botín.
Las sospechas de direccionamiento son tan evidentes que la propia Policía ha tenido que abrir una investigación interna. Una fuente anónima, con un profundo conocimiento de los vericuetos de la contratación en la institución, confesó a este medio que se está verificando si «la mayoría de requisitos para esa contratación corresponde al producto que DTM representa». En otras palabras, se habría diseñado un pliego de condiciones que solo la empresa de Vanegas podía cumplir, un clásico ejemplo de la sastrería contractual que tanto daño le ha hecho al país.
Pero este no es un caso aislado. El historial de DTM SAS es un rosario de contratos sospechosos. En septiembre de 2024, la Fiscalía ya había pedido investigar si la adquisición de un software se había realizado de manera directa, saltándose los procedimientos de licitación pública. Y es que, entre 2023 y 2024, la empresa de Vanegas, cuya única accionista es su esposa, la ciudadana venezolana María de los Ángeles Rangel, se habría adjudicado la bicoca de 27 contratos públicos por un valor de 47 mil millones de pesos.
¿Cómo es posible que una sola empresa, con tan evidentes nexos con la cúpula policial, haya logrado amasar tal cantidad de contratos? La respuesta podría estar en las fotografías de un evento en Miami, donde Vanegas posa sonriente junto a William Andrés Salamanca Dechner, hijo del entonces director de la Policía, el General William René Salamanca. Una imagen que vale más que mil palabras y que sugiere que los negocios de Vanegas se cocinaban en los más altos círculos del poder, lejos de la mirada escrutadora de los organismos de control.
La sombra de la corrupción se extiende también a la Alcaldía de Cúcuta, donde DTM SAS se habría quedado con un contrato de 13.915 millones de pesos en una licitación exprés, con tan solo 34 horas entre la publicación de los pliegos y la presentación de ofertas. Un plazo a todas luces insuficiente para cualquier empresa que no tuviera la información privilegiada que, al parecer, sí tenía Vanegas.
Mientras el país se debate en medio de la inseguridad y la falta de recursos, el dinero de los colombianos habría ido a parar a los bolsillos de un hombre que supo jugar sus cartas en el casino de la corrupción. La justicia tiene el deber ineludible de investigar a fondo esta red de contratación y de llevar ante los tribunales a todos los responsables, sin importar cuán alto estén en la pirámide del poder. La impunidad no puede ser, una vez más, la gran ganadora.
