Con el respaldo de la Gobernación del Valle, la Junta Municipal de Protección Animal de Buga avanza en el proceso para obtener personería jurídica, un paso clave que le permitirá gestionar recursos, firmar contratos y ampliar su capacidad de acción en defensa del bienestar animal.
Un paso hacia la autonomía en Junta de Protección Animal de Buga
Actualmente, la Junta funciona como órgano asesor de la administración municipal, creada mediante el Acuerdo 014 de 2012, pero sin figura jurídica propia.
Esto limita su capacidad para abrir cuentas bancarias, recibir donaciones o administrar de forma directa los fondos provenientes de multas y recursos municipales.
Según la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo, la formalización jurídica permitirá a la Junta contratar, supervisar el uso de fondos públicos y recibir aportes de la comunidad, facilitando una respuesta más rápida y efectiva ante casos de maltrato animal.
Impacto de la nueva legislación
La reciente Ley Ángel refuerza la necesidad de que las juntas defensoras de animales tengan personería jurídica para asumir funciones operativas y de control.
En Buga, esto significaría actualizar su reglamento y fortalecer el vínculo con las ONG y proteccionistas, quienes suelen canalizar las denuncias de maltrato.
“Queremos que esta figura permita solventar falencias y apoyar de manera directa a la Unidad de Protección Animal, al veterinario y a los contratistas que atienden los casos más urgentes”, indicaron voceros locales.
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Un modelo para replicar
El modelo de organización de la Junta de Protección Animal de Buga ha sido reconocido por su capacidad de articulación y coordinación con las autoridades.
La Gobernación del Valle ha manifestado su interés en replicar su esquema de trabajo en otros municipios, tomando como referencia su experiencia y estructura.
Con la personería jurídica, la Junta podrá convertirse en un referente regional en materia de defensa animal, con mayor autonomía y alcance institucional.
