El caso más emblemático es el del propio Mayor Peter Steven Nocua, el agente encubierto que se convirtió en el testigo estrella de este escándalo. Tras rendir su declaración juramentada, el Mayor habría sido víctima de una campaña de desprestigio y persecución al interior de la Policía, orquestada, presuntamente, por los alfiles que Vanegas todavía tendría en la institución.
Pero el Mayor Nocua no sería la única víctima. Según el testimonio de otro agente encubierto, cuya identidad se mantiene en reserva por seguridad, la red de «Papá Pitufo», de la que Vanegas sería un engranaje clave, habría logrado filtrar información sobre los operativos en su contra, lo que les permitía anticiparse a las acciones de las autoridades y mover su mercancía ilegal sin ningún contratiempo.
Estas filtraciones, que habrían puesto en riesgo la vida de los agentes infiltrados, habrían sido posibles gracias a la presunta complicidad de altos mandos de la POLFA y de la DIJIN, quienes le reportarían directamente a la red criminal.
Otro caso que evidencia esta guerra sucia es el del subintendente Álvaro Galvis, un policía considerado corrupto que, según el Mayor Nocua, se jactaba de ser «intocable» porque, supuestamente, tenía la protección del entonces director de la Policía, el General William René Salamanca. Galvis, a pesar de que le llegó la desvinculación de la POLFA, habría logrado que lo nombraran nuevamente en la institución, gracias a sus «influencias».
Esta capacidad de la red para premiar a sus amigos y castigar a sus enemigos habría generado un clima de terror al interior de la Policía. Muchos oficiales honestos, por temor a represalias, habrían preferido guardar silencio y hacerse los de la vista gorda ante las evidentes irregularidades que se estaban cometiendo.
La guerra sucia de la red de Vanegas no se limitaría a la Policía. También se extendería al ámbito político y mediático. Fuentes de inteligencia han revelado a este medio que se estarían preparando «montajes» para enlodar la reputación de los periodistas y los fiscales que están al frente de la investigación.
Estamos, pues, ante una organización criminal de alta peligrosidad, que no se detiene ante nada para proteger sus intereses. Una organización que no solo corrompe, sino que también intimida, amenaza y persigue.
Es urgente que la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa les brinden protección a los testigos y a los investigadores de este caso. No podemos permitir que los valientes que se atrevieron a denunciar a esta mafia terminen siendo las víctimas de su venganza.
Y es necesario que se investigue a fondo esta guerra sucia. Que se identifique a los responsables de las filtraciones, de las amenazas y de los montajes. Y que se les aplique todo el peso de la ley. Porque en un Estado de derecho, no se puede permitir que los bandidos impongan su ley del silencio a punta de terror. ¡Protección para los valientes! ¡Cárcel para los corruptos y sus sicarios morales!
