La Contraloría de Bogotá anunció la solución definitiva a un litigio de medio siglo entre la ETB y el IDU por la propiedad del predio Graham Bell, ubicado sobre la Avenida NQS.
Un conflicto que inició hace cinco décadas
La controversia se originó en 1973, cuando el IDU entregó a la ETB varios inmuebles como dación en pago de una deuda. Sin embargo, la formalización jurídica de la transferencia nunca se completó.
Desde entonces, el predio Graham Bell apareció reiteradamente en auditorías como un punto crítico en el manejo del inventario distrital, sin que se alcanzara una salida concreta.
La falta de claridad sobre la titularidad afectó durante años los procesos de registro, administración y control fiscal del terreno, convirtiéndose en uno de los temas patrimoniales más prolongados en la historia reciente del Distrito.
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Mesas técnicas y acompañamiento fiscal permanente
Para cerrar este vacío administrativo, la Contraloría de Bogotá impulsó un proceso de acompañamiento preventivo mediante mesas de trabajo técnicas entre la ETB y el IDU.
Estos espacios de coordinación permitieron reconstruir el historial jurídico del predio, definir criterios técnicos y establecer una ruta conjunta para resolver la disputa.
El esfuerzo concluyó con un acuerdo por $8.901 millones, aprobado por ambas entidades y avalado por la Junta Directiva de la ETB, poniendo fin al conflicto que se prolongó por cinco décadas.
Un hito para el saneamiento patrimonial del Distrito
La Contraloría destacó que el cierre del litigio representa un avance significativo en la depuración del inventario inmobiliario distrital y fortalece la transparencia en el uso y administración del patrimonio público.
El resultado demuestra, además, que el control fiscal puede desempeñar un rol mediador y preventivo para resolver disputas que afectan recursos estratégicos del Distrito.
Con esta gestión, la Contraloría de Bogotá marca un precedente en la resolución de conflictos patrimoniales históricos y reafirma su capacidad institucional para impulsar decisiones de alto impacto en defensa del patrimonio público.
