Los gobernadores del país mantienen su desacuerdo frente al decreto del Gobierno nacional que incrementa el Impuesto al Consumo sobre licores y cigarrillos, al advertir afectaciones directas a las finanzas departamentales y al financiamiento de sectores clave como la salud y la educación.
Postura unificada de los mandatarios regionales
El tema fue abordado en una reunión realizada en Bogotá entre los mandatarios regionales y los ministros de Hacienda y del Interior, en la que se reiteró la inconformidad frente al Decreto 1474 de 2025, que establece un incremento del 19 % en el impuesto a productos como vinos, aperitivos, licores, cigarrillos y tabaco.
Los gobernadores señalaron que la medida reduce las rentas cedidas constitucionalmente a los departamentos, recursos que actualmente permiten sostener programas sociales y servicios básicos en las regiones.
Advertencia desde el Valle del Cauca
Desde el Valle del Cauca se alertó que el aumento en los precios al consumidor podría generar efectos contrarios a los esperados por el Gobierno nacional.
Según la gobernadora Dilian Francisca Toro, el incremento estimularía el contrabando y debilitaría aún más los ingresos regionales.
En el departamento, una botella de aguardiente de 750 mililitros pasaría de 39.300 a 65.200 pesos, mientras que el ron podría aumentar de 51.300 a 82.800 pesos, situación que, según se advirtió, favorecería el mercado ilegal.
Impacto en salud, educación y programas sociales
Los mandatarios regionales insistieron en que las rentas del Impuesto al Consumo están destinadas constitucionalmente a financiar derechos fundamentales.
Actualmente, cerca del 49 % de estos recursos se asignan al sector salud, que enfrenta un panorama financiero crítico.
En el caso del Valle del Cauca, el pago del régimen subsidiado supera los 63 mil millones de pesos y, con el incremento del impuesto, esta cifra podría duplicarse, sin que exista claridad sobre si el Gobierno nacional asumiría ese costo adicional.
Posible acción ante la Corte Constitucional
Ante este escenario, los gobernadores anunciaron que solicitarán una salvaguarda ante la Corte Constitucional para que evalúe el impacto del decreto y, de ser necesario, decrete una medida cautelar que suspenda sus efectos sobre licores y cigarrillos.
Los mandatarios insistieron en que la discusión no busca confrontación política, sino la defensa de la autonomía regional y de los recursos que garantizan la atención de millones de ciudadanos.
Instalación de Mesa Técnica
Como resultado del encuentro, se acordó la instalación de una Mesa Técnica entre el Gobierno nacional y los departamentos, con el fin de analizar el comportamiento de los tributos y las posibles afectaciones a las finanzas regionales antes de avanzar en la aplicación plena del decreto.
