Vanegas, con su rango de capitán en la reserva, habría tenido un acceso privilegiado a información sensible de la Policía. Sabría de antemano qué se va a contratar, cuáles son las especificaciones técnicas, quiénes son los oficiales encargados de los procesos. Una ventaja competitiva desleal que le habría permitido a su empresa, DTM SAS, ganar licitación tras licitación.
Pero el problema va más allá de la competencia desleal. La figura del «oficial contratista» crea una peligrosa confusión de roles. ¿Cuándo actúa Vanegas como un capitán que le debe lealtad a la institución y cuándo como un empresario que busca su propio beneficio económico? ¿Se puede ser juez y parte al mismo tiempo?
La respuesta es un rotundo no. Y las consecuencias de esta esquizofrenia institucional están a la vista. Según el testimonio del Mayor Nocua, Vanegas habría utilizado su rango y sus contactos no solo para ganar contratos, sino también para influir en nombramientos, exigir sobornos y, presuntamente, montar una red de corrupción al servicio del contrabando.
El caso de Vanegas no sería el único. Fuentes de la Contraloría han revelado a este medio que se está investigando a varios oficiales de la reserva que, al igual que él, tendrían empresas que contratan con la Policía y otras entidades del sector defensa. Una «quinta columna» de hombres de negocios con uniforme que estarían carcomiendo a la institución desde adentro.
Es urgente que el Ministerio de Defensa y el Congreso de la República le pongan freno a esta situación. Se necesita una legislación clara y contundente que prohíba a los oficiales de la reserva, mientras ostenten ese rango, contratar con el Estado, y mucho menos con la institución a la que pertenecen.
No se puede permitir que la reserva de la Policía, que debería ser un cuerpo de hombres y mujeres con experiencia y vocación de servicio, se convierta en un club de lobistas y traficantes de influencias.
La expulsión de Vanegas, que ya ha sido recomendada por el Comité de Gestión de Oficiales de Reserva, debe ser el primer paso. Pero no puede ser el único. Se necesita una purga a fondo, una investigación exhaustiva que identifique a todos los «oficiales contratistas» y que les aplique las sanciones a las que haya lugar.
La Policía Nacional no puede seguir siendo el botín de unos pocos avivatos que se esconden detrás de un uniforme para hacer negocios sucios. O se acaba con la figura del «oficial contratista», o la corrupción seguirá galopando, imparable, por los pasillos de una institución que cada día pierde más la confianza de los ciudadanos. ¡No más «capitanes» que en realidad son «capos»!
