Esta afirmación, de ser cierta, es de una gravedad inusitada. Significaría que Vanegas, un particular con intereses económicos en la institución, habría tenido acceso a una de las herramientas más sensibles y poderosas del Estado: la capacidad de escuchar las conversaciones privadas de los ciudadanos.
La pregunta que surge de inmediato es: ¿para qué quería Vanegas tener acceso a la sala de interceptaciones? ¿Era una simple bravuconada para impresionar a sus interlocutores o la prueba de que utilizaba su poder para fines oscuros?
Las sospechas son aterradoras. Con el control de la sala de interceptaciones, Vanegas habría podido:
- «Chuzar» a los oficiales honestos que se interponían en su camino, para buscarles algún trapo sucio y chantajearlos.
- Filtrar información a la red de «Papá Pitufo», para alertarlos sobre los operativos en su contra y garantizar el éxito de sus actividades de contrabando.
- Espiar a los empresarios de la competencia, para robarles información comercial y asegurarse de que sus empresas siempre ganaran las licitaciones.
- Escuchar a los periodistas que investigaban sus negocios turbios, para anticiparse a sus publicaciones y preparar su estrategia de defensa.
Incluso, el propio Vanegas le habría hecho una advertencia al Mayor Nocua que hoy suena a amenaza: «el celular lo debo cambiar cada 4 meses porque pueden chuzar las conversaciones». ¿Sabía él, de primera mano, que la Policía estaba «chuzando» a sus propios oficiales? ¿O era una forma de decirle al Mayor que él mismo tenía el poder de hacerlo?
Esta revelación se conecta directamente con el Expediente 4, que habla de los contratos de la DIJIN con la empresa israelí Elbit Systems para el mantenimiento del sistema de interceptaciones Target 360. ¿Estaba DTM SAS, la empresa de Vanegas, involucrada de alguna forma en esos contratos? ¿O tenía sus propios acuerdos con la Policía para prestar servicios complementarios en la sala de «chuzadas»?
La Fiscalía General de la Nación tiene la obligación de abrir una línea de investigación específica sobre este tema. Se debe allanar la sala de interceptaciones de la Policía, incautar los discos duros y los registros, y determinar si Andrés Vanegas Fernández tuvo acceso, directo o indirecto, a esa información privilegiada.
Estamos ante la posibilidad de un nuevo escándalo de «chuzadas» a gran escala, pero esta vez con un ingrediente aún más peligroso: la participación de un particular que habría utilizado el aparato de inteligencia del Estado para su propio beneficio y el de sus socios criminales. ¡La sombra de un nuevo DAS se cierne sobre Colombia, y el principal sospechoso es Andrés Vanegas Fernández! ¡Que se investigue ya!
